La propuesta del presidente Pedro Castillo de que los peruanos se pronuncien, mediante un referendo, sobre si quieren una nueva Constitución, una de sus banderas de campaña, parecía tener hoy pocas posibilidades de prosperar en medio del inacabable enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición.
La presidente del Congreso, Maricarmen Alva, no solo se declaró contra el proyecto que, según ella, apunta a hacer de Perú «una nueva Cuba o una nueva Venezuela», sino que anticipó que Castillo podría ser objeto de una acusación constitucional por la supuesta ilegalidad de su propuesta, enviada esta semana al Parlamento.
Los partidos de derecha que hacen férrea oposición cerraron filas en defensa de la actual Carta Magna, redactada durante el Gobierno de ultraderecha de Alberto Fujimori (1990-2000), mientras que en los de centroderecha y centro hay muchas voces en la misma vía.
Así, a Castillo solo le quedaría básicamente el apoyo de su partido Perú Libre (PL), que tiene menos de un tercio de los parlamentarios, aunque incluso en esa organización marxista-leninista hubo comentarios críticos.
La Constitución de 1993, en la que, según el politólogo Alonso Cárdenas, se refleja el pensamiento de Fujimori, quien impuso «a rajatabla» los principios económicos liberales del Consenso de Washington a la par de un modelo político autoritario, fue definida siempre por la izquierda como un enorme obstáculo para el cambio.
En ese marco, los candidatos de izquierda, incluido Castillo, hicieron del cambio de Constitución una bandera de campaña en 2021.
Las críticas apuntaban sobre todo al capítulo económico, en el que el Estado le cede la iniciativa al sector privado, un reclamo similar a los que llevaron a la creación de una Asamblea Constituyente en Chile.
El mandatario peruano posicionó el tema en su asunción, el 28 de julio, pero lo dejó de lado en medio del desgaste de su popularidad.
Sin embargo, la semana pasada lo retomó y este lunes presentó ante el Congreso un proyecto para hacer el referendo en paralelo a las elecciones regionales de octubre próximo.
Castillo no fue específico sobre las características que tendría la nueva Constitución, entre otras cosas porque considera que el oficialismo sería solo uno de los participantes del debate.
Vladímir Cerrón, el hombre fuerte de Perú Libre
«Una nueva Constitución es una aspiración del pueblo peruano desde hace más de 15 años. Un proceso que ha ido madurando y finalmente se hizo ya una propuesta en la campaña presidencial. El presidente se ha dado cuenta en este momento de que si no le da una motivación al pueblo del cumplimiento de sus promesas, se quedaría totalmente aislado», afirmó Cerrón, fundador de Perú Libre (PL).
Sin embargo, la iniciativa no cuenta con apoyos suficientes en el Congreso y una reciente encuesta mostró que solo un 7% reclama una nueva Constitución. «Castillo tenía menos del 1% cuando empezó su campaña. Así lo presentaban las encuestadoras de la derecha, las que manejan el monopolio. De habernos desanimado, no hubiéramos llegado al gobierno», reflexionó.
«Si hacemos una encuesta en el sur, el apoyo es más del 80%. A partir del sur el centro se va a ir contagiando y luego el norte», agregó el hombre que no pudo ser candidato a la presidencia por la condena por corrupción que lo inhabilitó para cargos públicos en 2019.
Pero sí tienen que pasar por el Congreso. ¿Por qué insisten entonces? «Luchar por una utopía es en parte construirla. Nosotros creemos que este es un proceso político que tiene que ir peleándose constantemente. Antes lo tomaban como una broma y después algunos partidos y periodistas que se sentían ajenos comenzaron a hablar del tema. Hoy ya hablan de esto los partidos y el Parlamento. La gente cada vez es más consciente de esta necesidad histórica», enfatizó.
«Una nueva Constitución cambia medularmente el tema económico. La actual solamente promociona la iniciativa privada, no la mixta y menos la pública. El Estado no tiene empresas y debería tenerlas para competir en un libre mercado y proceder a una rebaja de precios frente a la exclusividad y el monopolio de los privados, que han abusado constantemente», explicó Cerrón.
Y continuó: «Apuntamos a un cambio del modelo económico. No queremos mejorar la Constitución. Queremos abolir la Constitución. Y desmontar el modelo neoliberal para pasar de una economía social de mercado, que de social no tiene nada, a una economía popular con mercados, donde el hombre no sea un objeto mercantil. Y lo mismo pase con la educación y la salud», disparó.
«La economía popular es aquella que combate, por ejemplo, el centralismo económico. Lima se queda con el 74% del presupuesto y solamente un 25% va a los gobiernos regionales y un 5% a los municipales. Eso debe cambiar. Queremos un país que deje de ser un vendedor de materias primas, y que comience una industrialización que garantice la soberanía», remarcó.
Y siguió: «Queremos un Estado que no sea un acumulador de riquezas, sino que redistribuya. ¿De qué nos sirve tener 74 mil millones de dólares en reservas cuando tenemos a profesores y médicos reclamando aumento de salarios? Perú Libre no es enemigo de la inversión privada ni del mercado. Lo que queremos es que tengan que regularse y paguen los impuestos, no que puedan evadirlos como hacen ahora en complicidad con los poderes del Estado».
«Quisiéramos parecernos a algunos países primermundistas, pero tenemos que acercarnos más a nuestro nivel, a los países tercermundistas que han ido mejorando. Ecuador mejoró bastante en el gobierno de Rafael Correa. Allí, en lugar de vender un recurso natural como el petróleo, se pasó a que el Estado controla la distribución y eso le da mejores réditos», añadió.
Cerrón habló sobre su expediente personal. «Se me condenó por una sentencia totalmente política para impedir mi candidatura a la Presidencia», sentenció.
«Mi relación con Castillo es cordial y amical. Hay ocasiones en que debemos encontrarnos para platicar políticamente aspectos cruciales y me ha convocado a Palacio. Mi reunión ha sido pública; no tenemos nada que ocultar. Mantenemos la relación con la bancada porque es un destacamento del partido en el Parlamento y ahí podemos debatir mejor y proponer proyectos de ley», concluyó.
También habló el portavoz de Perú Libre
El vocero parlamentario de PL, Waldemar Cerrón, anticipó que su partido podría proponer el control de precios para evitar incrementos drásticos en el costo de la vida, como el que se vive actualmente, lo que aumentó el coro de rechazo de las fuerzas conservadoras-liberales.
«El Estado debe ser quien controla los precios a favor de las mayorías y el Congreso debe decidir en qué casos se están excediendo. Dejar el libre albedrío no es de peruanos», señaló Cerrón, cuyo hermano Vladimir, líder de PL, es considerado por la oposición como el cerebro de la iniciativa.
El Instituto Peruano de Economía, un centro de análisis neoliberal, recordó que el control de precios fue practicado en Perú en el primer Gobierno de Alan García (1985-2000) y tuvo mucho que ver con la hiperinflación que llegó a contarse en millones.
La Constitución dice: «La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razones de alto interés público o de alta conveniencia nacional».
Según la izquierda y sectores de centro, eso derivó en que se relegue al Estado de cualquier intervención dirigida a cerrar brechas sociales en un país con fuertes inequidades.
La Carta también señala que el Estado «combate toda práctica que limite (la libre competencia) y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas», pero los críticos afirman que eso es letra muerta cuando se trata de frenar la ambición de grandes corporaciones.
En el terreno político, las fuerzas de derecha temen que PL pretenda eternizarse en el poder, aunque analistas independientes consideran que eso es totalmente inviable en el actual contexto y por la debilidad del oficialismo.
«Que no digan que la Asamblea Constituyente es para que tal o cual partido se perpetúe en el poder. Es totalmente falso, aquí vamos a participar todos los peruanos», aseveró Waldemar Cerrón.
Portavoces del Ejecutivo también han hecho énfasis en que las decisiones se tomarían por la vía democrática, por lo que consideran que no se puede hablar de un plan partidista. Según el ministro de Cultura, Alejandro Salas, si la iniciativa es derrotada en un referendo, simplemente se le archivará.
La propuesta de Castillo, aún no trabajada en detalle, señala que la posible Asamblea Constituyente tendría una inédita composición: 40 % de sus 130 miembros provendrían de los partidos inscritos, 30 % de ciudadanos independientes, 26 % de pueblos indígenas y 4 % de representantes afro.
La idea de la nueva Constitución retomó fuerza tras la ola de protestas populares de comienzos de este mes, que dejaron seis muertos y fueron las más duras en 10 meses de Gobierno de Castillo.
El mandatario anunció el proyecto para el referéndum en un acto en la ciudad de Cusco, una de sus plazas fuertes. Para los analistas, la intención del jefe de Estado es recuperar la iniciativa, puesta en entredicho desde el comienzo por la ofensiva de la derecha opositora.
Pero, a la par del cierre de filas conservador, acompañado de una estruendosa reacción de los medios convencionales, la propuesta también fue recibida con reparos por sectores de izquierda, más por las formas que por el fondo.
«Ni el oportunismo del presidente, ni la histeria del Congreso, le quitan la legitimidad a esta demanda», advirtió la ex candidata presidencial Verónika Mendoza, una activa promotora del cambio de Constitución que cree, sin embargo, que Castillo solo quiere ganar tiempo en medio de su constante peligro de ser destituido.
Hasta ahora no está definida la fecha en la que el Congreso dará su respuesta. Perú tuvo 12 constituciones en sus 200 años como república. Las cuatro más recientes, en el siglo XX, fueron resultado de propuestas de dictaduras.
